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Cuando dos personas, ya sean físicas o jurídicas, tienen un conflicto, lo habitual es que intenten resolverlo entre sí o a través de la mediación. Si no logran encontrar una solución satisfactoria, una de las partes tiene el derecho de demandar a la otra. Cuando se interpone una demanda se inicia un proceso legal, el cual se somete a diferentes reglas, una de ellas es la litispendencia. Si estás valorando estudiar un Grado en Derecho en Madrid, en Valencia o en modalidad online, es muy probable que te interese indagar más en el concepto de litispendencia.
La litispendencia es un término que proviene del Derecho y se utiliza para hacer referencia a la existencia de un juicio pendiente. Se produce a partir del momento en que se interpone y admite la demanda, pero al mismo tiempo se encuentra otra pendiente de juicio.
Por consiguiente, para que se produzca una situación de litispendencia debe haber un proceso ya iniciado que no ha finalizado mediante una sentencia definitiva y firme en el cual coinciden los sujetos del litigio, el objeto y la causa. En ese caso, interponer una demanda similar daría lugar a la litispendencia.
La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) aprobada en el año 2000 es la normativa que regula la litispendencia. El artículo 421 señala que cuando el tribunal que conoce una causa “aprecie la pendencia de otro juicio o la existencia de resolución firme sobre objeto idéntico conforme a lo dispuesto en esta norma, dará por finalizada la audiencia y dictará, en el plazo de cinco días, auto de sobreseimiento”. Es decir, suspenderá el proceso por considerar que no debe intervenir.
En cambio, “no se sobreseerá el proceso en el caso de que el efecto de una sentencia firme anterior haya de ser vinculante para el tribunal que está conociendo del proceso posterior”. Además, la ley señala que “si el tribunal considerare inexistente la litispendencia o la cosa juzgada, lo declarará así, motivadamente, en el acto y decidirá que la audiencia prosiga para sus restantes finalidades”.
Uno de los principales objetivos de la litispendencia es defender el derecho de quien la alega de no ser sometido a dos juicios sobre el mismo asunto. Este concepto legitima las partes de un proceso y se encarga de hacerlas cumplir con sus respectivas obligaciones procesales, además de velar por sus derechos y asegurarse de que no se podrá cambiar el objeto del procedimiento.
De hecho, aunque las partes pueden realizar alegaciones complementarias y aclaratorias, no pueden modificar lo que piden, la razón en la cual basa su pretensión o añadir hechos nuevos posteriores a la litispendencia pues de esa manera el demandado no podría defenderse adecuadamente.
La litispendencia también tiene como objetivo perpetuar la jurisdicción y obligar al órgano judicial a seguir el proceso y resolverlo. En base al concepto de perpetuación de la jurisdicción, desde el momento en que se presenta la demanda y el tribunal la admite, se “congela” todo lo relacionado con la competencia. O sea, a pesar de los cambios que se puedan producir a lo largo del proceso, el juez competente en el momento en que se interpuso la demanda, lo seguirá siendo. No importa que el demandado cambie de domicilio, pierda valor el patrimonio reclamado o cambie la norma legal.
En definitiva, el principal cometido de la litispendencia es evitar que las partes vuelvan a interponer una demanda por la misma causa y con la misma pretensión. Así también se impide la tramitación simultánea de dos o más procesos sobre el mismo objeto y con las mismas partes implicadas, evitando llegar a dos o más resoluciones que puedan ser contradictorias.
La litispendencia está pensada para garantizar el derecho a recibir una tutela judicial efectiva, de manera que es una herramienta para velar por la seguridad jurídica. Eso prevé que la parte demandada puede interponer un mecanismo de excepción de litispendencia contra el demandante para indicar al juez que ese caso ya ha sido resuelto en otro tribunal. Por tanto, no puede volver a ser juzgado y debe respetar esa primera sentencia firme.
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