Agente de la propiedad industrial: funciones y requisitos

Para hoy, hemos querido preparar un artículo sobre una de las figuras esenciales en el registro de marcas y patentes. Esta es la del agente de la propiedad industrial. A continuación, te contamos quién es esta persona, en qué consiste su trabajo y qué requisitos debes cumplir si quieres realizar esta actividad profesional.

¿Qué es un agente de la propiedad industrial?

Un agente de la propiedad industrial es un profesional independiente que se dedica a ofrecer y prestar sus servicios de asesoría, ayuda y representación a inventores particulares o empresas que quieren registrar una marca, patente, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo. Si bien no es obligatorio llevar a cabo este proceso a través de un agente de la propiedad industrial, sí que suele ser una opción altamente recomendable.

También, este profesional se encarga de defender los derechos de sus representados derivados de cualquiera de estas modalidades de propiedad intelectual ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o cualquier autoridad de propiedad industrial española, comunitaria o internacional competente.

Por último, un agente de la propiedad industrial es el responsable de asistir a sus representados ante los tribunales en casos de reclamaciones de derechos, infracciones o cualquier pleito relacionado con la propiedad industrial.

Cómo ser agente de la propiedad industrial en España

Para poder realizar la actividad de agente de la propiedad industrial en España, es indispensable estar inscrito en el Registro Especial de Agentes de la OEPM. Ahora bien, este procedimiento viene acompañado de una serie de requisitos que se recogen en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Estos son:

• Tener la nacionalidad española o la de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
• Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
• Tener un despacho profesional en el Espacio de la Comunidad Europea; o bien, ser una persona jurídica válidamente constituida y con sede social o centro de actividades en territorio comunitario.
• No estar procesado ni haber sido condenado por delitos dolorosos, excepto si se ha obtenido la rehabilitación.
• Poseer un título universitario oficial de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero o cualquier otro título homologado equivalente a los anteriores.
• Abonar la fianza a la OEPM y contratar un seguro de responsabilidad civil.
• Superar el examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad profesional de agente de la propiedad industrial.

¿En qué consiste el examen de aptitud?

El objetivo del examen de aptitud no es otro que entrar a valorar si el candidato cuenta con los conocimientos necesarios para desempeñar la profesión de agente de la propiedad industrial. Algo que puede adquirirse con una formación adecuada como, por ejemplo, el Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad Europea.

También, este tipo de evaluación sirve para comprobar si esta persona está al día en cuanto a las normas nacionales e internacionales que regulan y afectan a la propiedad industrial.

El examen de acceso a la profesión de agente de la propiedad industrial consta de 3 pruebas (una teórica, una práctica y otra de idioma extranjero). Todas ellas deben superarse individualmente.

¿Y en el ámbito europeo? 

Para acceder a la profesión de agente de patentes europeas, el procedimiento es similar a este que acabamos de explicar.

Por un lado, el candidato debe estar inscrito en el Listado de representantes profesionales de la Oficina Europea de Patentes (OEP). Y, por otro lado, superar el Examen de Agente Europeo (European Qualifying Examination, EQE).

Esta prueba consta de 4 partes:

• Parte 1: escribir reivindicaciones y la parte introductoria de una solicitud de patente europea.
• Parte 2: elaborar una respuesta a una carta oficial en la que se cite el estado de la técnica anterior.
• Parte 3: redactar un escrito de oposición a una patente europea.
• Parte 4: responder a una serie de preguntas jurídicas y realizar una valoración jurídica de una situación concreta.

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