En el evento se ha abordado las diferentes formas de ejercer esta tipología de violencia de género
En la conferencia organizada por la directora del Máster Universitario de Violencia de Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas Educación y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid, Dra. Laura González-Guerrero ha destacado la importancia de abordar esta temática como un nuevo espacio para mirar de frente esta forma de violencia de género, ponerle nombre, entender desde el conjunto de la sociedad cómo funciona y pensar en cómo podemos desactivarla, “la violencia económica de género es una forma de control y de abuso que limita la autonomía y el bienestar de las mujeres, y, según el reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en el Congreso de los Diputados en febrero de 2025, el objetivo de esta actualización es visibilizar y erradicar todas las conductas que controlan y menoscaban la autonomía de las mujeres como pueden ser el impedimento para acceder a un empleo, el control de sus gastos o la apropiación indebida de sus bienes”, apunta González-Guerrero.
El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género tipifica como delito la violencia económica de género a través de una serie de medidas de prevención y detección integral de los acusados de ejercer cualquier tipo de esta violencia contra las mujeres y sus derechos, “es una forma de violencia que aparece cuando se limita el acceso al dinero, al trabajo y a los recursos básicos como forma de dominación y afecta a miles de mujeres sin importar su clase social ni su nivel educativo o edad”, destaca Ana María González Marín.
Asimismo, la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales e investigadora principal del proyecto Ecovio que ha sido desarrollado por entidades del ámbito académico, jurídico y social con el objetivo de dar visibilidad e informar sobre este nuevo tipo de violencia de género, Inmaculada Domínguez Fabián, ha ilustrado sobre la conceptualización de la violencia económica como una nueva tipología de violencia contra la mujer que no estaba incluida en la ley hasta febrero de 2025 cuando se aprueba el nuevo Pacto de Estado contra Violencia de Género, “esto significa que este delito no ha podido tipificarse hasta la fecha y las víctimas no se han podido beneficiar de protección ni inclusión en los diferentes programas, además, no han podido denunciar estos abusos en el Juzgado de Violencia de Género”.
Domínguez Fabián ha explicado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género reconoce, regula y define la violencia económica en el Derecho como forma de Violencia de Género. Para ello, se manifiesta que se entiende como acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, pareja o propios.
La doctora en Ciencias Económicas y Empresariales resalta que existen tres grandes tipos de tácticas de abusos económicos basadas en el control y la explotación económica. El primero de ellos, es el sabotaje laboral que consiste en hacer cosas para no ir al trabajo o una entrevista o tácticas basadas en la amenaza o coacción para dejar el empleo. Por otor lado, tenemos el control económico que se ejerce sustancialmente en la relación; siendo reducido sustancialmente cuando ya no hay convivencia y se basa en la restricción económica o la negación a cuentas o tarjetas bancarias comunes o patrimonios. La explotación económica consiste en el retraso en el pago de las facturas o en el no ingreso de su aportación para gastos comunes o manutención de los hijos en común. Este tipo de explotación se ejerce tanto durante como después de la relación.
Para hablar sobre el abordaje jurídico de la violencia económica, el magistrado del Juzgado sobre la Mujer nº1 de Dos Hermanas (Sevilla), profesor del área penal de la Escuela Judicial, Premio Menina que otorga el Ministerio de Presidencia por reconocer la lucha contra la Violencia de Género y miembro del Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Rodríguez Ruiz ha destacado los puntos clave del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado este año.
Para él, esta nueva legislación aboga por llevar al Código Penal un artículo que recoja todas las conductas que buscan limitar la economía e independencia económicas de las mujeres o añadir al delito de impago de pensiones una modalidad agravada que tenga en cuenta la situación económica de la víctima y abordar el problema de la detección de la violencia económica.
Para finalizar, Rodríguez Ruiz ha recordado que las mujeres víctimas de esta situación se someten a esta lacra a diario con al verse expuestas a situaciones como el control continuado de finanzas, sustracción de cantidades de dinero, imposibilidad o limitación de acceso a cuestiones económicas familiares (bancos, contratos), obligación de tomar decisiones importantes relativas a patrimonio o sus finanzas sin atender a sus intereses personales, la firma de un poder notarial para evitar la presencia en actos notariales o de tipo contractual, impedir el uso de tarjetas de crédito o débito sin motivo aparente, en definitiva, es otra formar de coartar la libertad, la autonomía y los derechos de las mujeres.