Internet y las nuevas tecnologías de la información han permeado prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad, desde la comunicación hasta los negocios, generando nuevos desafíos legales. Para garantizar los derechos de los ciudadanos y las empresas en el mundo online ha sido necesario crear nuevos marcos jurídicos que regulan desde la propiedad intelectual hasta el comercio electrónico, la protección de datos y el derecho a la intimidad. Este escenario ha generado una nueva figura: los abogados especialistas en Derecho Digital.
¿Qué es el Derecho Tecnológico?
El Derecho ha tenido que adaptarse al mundo online y el uso de las nuevas tecnologías, por lo que ya existe una nueva rama denominada Derecho Tecnológico, Informático o Digital. El Derecho Tecnológico se aplica a todas las operaciones jurídicas, comerciales y personales en las que se usen medios tecnológicos, ya sean ordenadores, móviles, Internet o cualquier otro dispositivo o tecnología avanzada.
Por tanto, el Derecho Tecnológico incluye desde delitos penales como la suplantación de identidad online o el ciberacoso hasta temas del Derecho Laboral como la normativa del teletrabajo y el uso de las herramientas informáticas en el entorno laboral o asuntos del Derecho Mercantil como los contratos electrónicos y las normas que se aplican al comercio electrónico.
¿Qué hace un abogado digital? Sus principales áreas de actuación
Ciberseguridad e investigación de delitos informáticos
El cibercrimen representa uno de los principales riesgos para las personas y empresas en la actualidad, llegando a causar pérdidas económicas cuantiosas y daños personales considerables. La legislación española ya recoge diferentes tipos de ciberdelitos que quedan a cargo de los abogados especialistas en Derecho Digital.
Tal es el caso del acceso e interceptación ilícita de información, la interferencia en los datos y el sistema informático, la falsificación y el fraude telemático, delitos sexuales como el sexting o las amenazas y coacciones a través de la tecnología, como los casos de ciberacoso.
Protección de datos personales y derecho a la intimidad
Otra de las áreas de actuación del abogado digital es la protección de los datos que los usuarios proporcionan a través de las nuevas tecnologías de la información. Se encargan de que las empresas tecnológicas no violen el derecho a la intimidad de los usuarios y respeten su derecho al olvido, el honor y la imagen.
Un abogado especialista en nuevas tecnologías también se encargará de asesorar a las empresas para que puedan cumplir con las normativas de protección de datos de carácter personal que se aplican en el territorio nacional y europeo, como el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, de manera que puedan evitar multas cuantiosas.
Mediación en las relaciones comerciales online
El abogado digital es una figura cada vez más importante en las relaciones comerciales que se establecen a través de Internet. No solo se encarga de la redacción de los textos legales, sino que también puede supervisar las nuevas formas de acuerdos, como los contratos online o los contratos inteligentes mediante blockchain, y el uso de los criptoactivos.
Un abogado especialista en Derecho Digital también puede mediar en los casos de competencia desleal online y supervisar los términos de los acuerdos o registros con otras empresas de software o cloud computing. Además, puede asesorar a las empresas tecnológicas o aquellas que quieren abrir un negocio online teniendo en cuenta la jurisdicción que se aplica en Internet y las normas de la tributación digital.
Protección del patrimonio digital
En la actualidad, gran parte del valor de las empresas reside en sus intangibles (marcas, derechos de autor o licencias de uso), por lo que es comprensible que deseen protegerlos. En un mundo en el que casi todo pasa por Internet, el abogado digital es una figura esencial para preservar los activos digitales de empresas y profesionales.
Los abogados de las nuevas tecnologías se encargarán de proteger los derechos intelectuales de sus clientes, para que otros usuarios no utilicen sus contenidos de forma indiscriminada en la red. Mediará en los conflictos por el uso de marcas y hará valer los derechos de autor o de propiedad intelectual contra los sitios de descarga ilícita de contenidos.
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