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Todos los Estados aplican una serie de impuestos que gravan las actividades y bienes de las personas físicas y jurídicas, los cuales generalmente se destinan a financiar programas de ayuda social y otros servicios para mejorar el bienestar de la ciudadanía. En el sistema de tributación y fiscalidad español, el impuesto sobre el patrimonio es una de las principales figuras tributarias.
“El impuesto sobre el patrimonio grava el patrimonio neto de las personas físicas; o sea, el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que es titular”, según la Agencia Tributaria. La tasa se aplica sobre el patrimonio neto, que es la diferencia algebraica entre el valor total de los bienes no exentos una vez descontadas las cargas y gravámenes correspondientes y la totalidad de las deudas y obligaciones deducibles del titular.
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Este impuesto fue creado en 1977. En aquel momento se presentó como un “impuesto extraordinario, excepcional y transitorio” para censar los grandes capitales y complementar los ingresos del IRPF. De hecho, en 2008, durante la crisis económica, se aprobó una exención de tres ejercicios fiscales. En ese periodo dejó de ser obligatoria su presentación y se aplicó una bonificación del 100 % de la cuota del impuesto de patrimonio.
Sin embargo, en 2011 se recuperó su obligatoriedad estableciendo un nuevo mínimo exento, debido a la caída en la recaudación fiscal provocada por la crisis. Desde entonces, el Impuesto sobre el Patrimonio se abona anualmente puesto que se ha ido prorrogando a través de los Presupuestos Generales del Estado.
El impuesto sobre el patrimonio se aplica a todas las personas físicas que tengan su residencia habitual en España, quienes deben declarar el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que sean titulares a 31 de diciembre. También se aplica a quienes no tengan su residencia habitual en España, pero posean propiedades o derechos en territorio español.
No obstante, en la práctica es un impuesto que se aplica únicamente a las grandes fortunas puesto que la legislación establece una exención con carácter general de 700.000 euros. Además, la vivienda habitual queda excluida del cálculo del impuesto hasta un máximo de 300.000 euros.
Cabe aclarar que las personas cuyo patrimonio bruto supere los 2 millones de euros también deben presentar la declaración del impuesto sobre el patrimonio. Por tanto, se estima que en España este impuesto grava a poco más de 200.000 contribuyentes.
El impuesto de patrimonio está cedido a las comunidades autónomas, por lo que estas tienen competencia para aplicar reducciones en el mínimo exento, modificar la tarifa o aprobar bonificaciones y deducciones en la cuota. Ese es el motivo por el que el impuesto de patrimonio varía según el lugar de residencia del contribuyente.
Aun así, existe una regulación estatal que establece los gravámenes sobre la base imponible en caso de que la Comunidad Autónoma no aplique sus tipos impositivos, los cuales oscilan entre el 0,2 % para los patrimonios de hasta 167 129,45 euros y el 3,5 % para fortunas por encima de los 10.695 996,06 euros.
Canarias, por ejemplo, aplica la escala de gravamen estatal mientras Madrid establece una bonificación del 100 % y Cataluña aplica unos tipos propios que oscilan entre el 0,21 y el 2,7 %, lo cual dibuja un mapa fiscal bastante dispar a lo largo del territorio español.
El plazo para la presentación del Impuesto sobre el Patrimonio, ya sea a ingresar o no, coincide cada año con las fechas de presentación de la declaración del IRPF. El contribuyente debe presentar electrónicamente por Internet rellenando el modelo 714.