Hoy por hoy, aproximadamente el 80 % de los bienes que consumimos y, por ende, del comercio mundial se realiza por mar, según datos de la UNCTAD. Por tanto, es fundamental mantener los barcos en movimiento.
Sin embargo, cada expedición marítima se expone a riesgos de diferente naturaleza, desde un temporal hasta la rotura de máquinas, un naufragio o, incluso, un abordaje.
Para cubrir esos riesgos están los seguros marítimos, una de las pólizas más antiguas que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Su importancia es tal que en programas como el máster en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria (también disponible online) se dedica un módulo entero al seguro marítimo y la gestión de riesgos, profundizando en sus modalidades, obligaciones, regulación y coberturas.
El seguro marítimo es un contrato mediante el cual el asegurador se obliga, a cambio de una prima, a indemnizar al asegurado los perjuicios patrimoniales que sufran sus intereses durante un viaje marítimo, siempre dentro de los límites legales pactados en la póliza.
En la actualidad, existen diferentes tipos de seguros marítimos. El seguro de casco es uno de los más conocidos, ya que protege el casco de la embarcación y su estructura en caso de daños o accidentes. No obstante, también existe el seguro de transporte, que cubre la pérdida o daño que pueda sufrir la mercancía durante el tránsito.
El seguro de responsabilidad civil también es imprescindible, ya que prevé una indemnización por cualquier tipo de accidente ocurrido durante el transporte o la labor marítima y portuaria que pueda causar daños a terceros, ya sea otra embarcación o las instalaciones del puerto.
Por consiguiente, los seguros marítimos suelen ser pólizas muy completas que no se limitan a cubrir los riesgos de la navegación, sino que se extienden a las fases terrestre antes y después del embarque o desembarque que tengan una relación directa con la navegación.
El seguro marítimo se encuentra regulado tanto por leyes de carácter general como por disposiciones específicas. La Ley 14/2014, de 24 de julio de Navegación Marítima regula el marco en el que se inscriben las actividades propias del tráfico marítimo, así como los instrumentos y vehículos, garantizando la coherencia del Derecho español con los distintos convenios internacionales en materia de derecho marítimo.
No obstante, dicha normativa señala que todas aquellas situaciones que no contemple se regirán por la Ley de Contrato de Seguro, la cual se aplica de manera directa y exclusiva a los seguros obligatorios para embarcaciones deportivas o de recreo.
En cualquier caso, es importante notar que todo contrato de seguro marítimo se rige fundamentalmente por el pacto entre las partes intervinientes, ya que las normas que establece la Ley de Navegación Marítima son esencialmente dispositivas, lo cual significa que es posible prescindir de ellas a favor del principio de autonomía de la voluntad. Se trata de una condición intrínseca a los seguros marítimos, ya que el resto de las modalidades de seguros tienen carácter ius cogens, por lo que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de forma que cualquier acuerdo contrario se declararía nulo.
Asimismo, es importante tener presente que las condiciones particulares o especiales de todas las pólizas de seguro marítimo priman sobre las generales, pues se supone que estas se ajustan mejor a las condiciones y necesidades específicas de la embarcación.
Por último, el seguro marítimo debe tomar en cuenta las Cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres, que se aplican prácticamente en todos los mercados internacionales ya que cubren los principales riesgos relacionados con la carga y el transporte marítimo.
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