La creación de la Corte Penal Internacional supuso un hito en el derecho internacional penal, ya que satisfizo la necesidad de contar con un organismo permanente e independiente que pudiera juzgar a quienes cometen crímenes atroces en el mundo. Hasta ese momento, los tribunales habían sido creados para casos concretos y tenían una competencia temporal limitada. También, supuso un paso adelante en la tutela de los derechos humanos, por lo que es uno de los temas que se estudia dentro del módulo de Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos del máster en Derechos Humanos de la Universidad Europea.
En la década de 1990 se formaron unos tribunales ad hoc para abordar los crímenes cometidos en Ruanda y la antigua Yugoslavia. Sin embargo, el 17 de julio de 1998 la Organización de las Naciones Unidas creó la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal de última instancia y de carácter permanente dedicado al enjuiciamiento de crímenes graves a nivel internacional, como el genocidio, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
En ese momento adoptó el Estatuto de Roma, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, mediante el cual se identifican las conductas que se deben perseguir y castigar, la extensión de la responsabilidad penal sin distinciones y las penas que se pueden aplicar, así como el proceso judicial a seguir. Actualmente, 124 países han ratificado el Estatuto de Roma, entre ellos, España.
La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos. Se financia fundamentalmente gracias a los estados que la componen, aunque también recibe donaciones de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares y sociedades.
La CPI cuenta con una Presidencia compuesta por tres magistrados, una Oficina del Fiscal, un Registro y una División Judicial con tres secciones para casos preliminares, primera instancia y apelaciones, en las que trabajan 18 jueces. No obstante, el personal de la Corte está compuesto por cientos de personas de diferentes países.
La Corte Penal Internacional también ha creado una Unidad de Víctimas y Testigos para asesorar y garantizar la seguridad de esas personas. Además, cuenta con un Fondo Fiduciario destinado a las víctimas para que estas y sus familias puedan recibir la reparación adecuada por los daños sufridos.
En algunos casos, el fiscal de la Corte puede actuar de oficio al reconocer una situación muy grave, abriendo una investigación para estudiar los detalles de la misma. En otros casos, un Estado o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pueden remitir la situación directamente a la Corte. Una vez presentado el caso, se valora la competencia de la Corte. Entonces entra en juego el principio de complementariedad.
El Estatuto de Roma contempla que la Corte Penal Internacional tiene un carácter complementario a las jurisdicciones nacionales. Eso significa que la justicia internacional no sustituye a la justicia nacional, sino la complementa. La Corte no es un sistema con jurisdicción exclusiva, las jurisdicciones penales nacionales tienen primacía formal para juzgar los crímenes.
Para que la CPI pueda determinar su competencia sobre un caso, primero debe cerciorarse que el Estado no puede hacer comparecer al acusado o no dispone de las pruebas o los testimonios necesarios. En segundo lugar, debe constatar la incapacidad del Estado para investigar o enjuiciar el caso debido al colapso total o sustancial del sistema judicial.
La Corte puede declarar inadmisible un caso cuando haya sido investigado por un Estado con jurisdicción sobre el mismo, a menos que los procedimientos jurisdiccionales tengan el propósito de sustraer a la persona de su responsabilidad penal por crímenes que sean competencia de la Corte, se haya producido un retraso injustificado durante el procedimiento o el proceso no esté siendo llevado de manera independiente o imparcial.
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