Entendemos como derecho comunitario el conjunto de reglamentos y directivas que componen el ordenamiento jurídico de los países que conforman la Unión Europea y que no solo afecta a los derechos y obligaciones de los propios estados, sino también a los de los particulares que viven en ellos.
Lo que hoy en día conocemos como derecho comunitario comenzó a surgir como una realidad jurídica tras la unión de la industria del carbón y del acero en la firma del Tratado de París en 1951, en la cual participaron seis países europeos.
Tras esto, las uniones entre estos países y la adhesión de otros nuevos siguieron reforzándose con el Tratado de Roma firmado en 1957 hasta llegar en la actualidad al completo ordenamiento comunitario por el que se rige la unión de todos estos estados: la Unión Europea.
Gracias a ello, podemos hablar de la Unión Europea como un organismo con personalidad jurídica propia y, por tanto, dotado de un ordenamiento específico que conocemos como derecho de la Unión Europea o, más comúnmente, derecho comunitario.
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Las fuentes que componen el derecho comunitario se dividen en dos: el Derecho originario y el Derecho derivado.
El derecho originario o primario se puede definir como el conjunto de tratados y acuerdos existentes ya vigentes que rigen los estados miembros de la Unión Europea.
Por su parte, el derecho derivado es aquel que se origina a raíz de las instituciones creadas por el derecho originario, es decir, son las normas que emanan de la UE y que se aplican a los países europeos que la conforman.
El derecho originario se constituye por:
Los elementos que componen los derechos derivados son:
Las diferencias entre el derecho comunitario y los ordenamientos jurídicos propios de cada país de la UE se basan en los siguientes principios:
Es independiente en su validez y eficacia tanto del derecho internacional como de los ordenamientos jurídicos a nivel nacional de los estados miembros de la UE. Esto implica que el derecho comunitario derivado de la Unión Europea no se someta a principios ni límites marcados por las constituciones nacionales de cada país.
El principio de primacía se apoya en la idea de que el derecho comunitario prevalece sobre el derecho de los estados particulares miembros de la Unión.
Las normas recogidas en el marco del derecho comunitario son directamente aplicables a los ciudadanos de la Unión Europea sin requerimiento de ningún acto de mediación o incorporación al derecho nacional.
Atendiendo a este principio, será el Estado el que cargará con la responsabilidad de los daños causados al ciudadano cuando se haya violado lo dispuesto en el derecho comunitario.
El derecho comunitario y su importancia primordial dentro del organismo de la Unión Europea recae, por tanto, en su poder para otorgar derechos e imponer obligaciones directas tanto a las instituciones comunitarias, como a los estados miembros y también a sus ciudadanos.