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La ciudadanía quiere saber qué acciones llevan a cabo las autoridades que les gobiernan. Por ello, desean un acceso sencillo a la información pública, además de conocimiento sobre quiénes están involucrados, los métodos que emplean y el dinero que se destina en el desarrollo de las políticas gubernamentales nacionales.
En la actualidad, la transparencia se ha convertido en un elemento clave para los gobiernos que pretenden ser reconocidos dentro de la democracia. Además, supone un requisito esencial para permitir que los ciudadanos participen activamente en la evaluación de su intervención.
Si quieres saber en qué consiste la transparencia en la Administración pública, cómo se regula y para qué sirve, no dejes de leer este artículo. Para más información, consulta nuestro Máster en Gestión Pública.
La transparencia constituye uno de los pilares esenciales que guían las acciones de las autoridades gubernamentales. Mediante este recurso, la Administración está obligada a divulgar información esencial para permitir que la población participe en los asuntos públicos.
Asimismo, sirve para supervisar que la Administración sea responsable de sus actos. En última instancia, la transparencia representa una herramienta de supervisión y al mismo tiempo un medio de comunicación y diálogo entre los ciudadanos y los poderes públicos.
El ejercicio de transparencia de cualquier entidad gubernamental supone hacer accesible a la población los datos significativos sobre su estructura, manejo financiero y presupuestario, así como la información relacionada con sus acciones. Esto se lleva a cabo con el propósito de permitir la valoración de las actividades públicas y asegurar que las autoridades gubernamentales operen de manera ética y responsable.
Algunas de las ventajas de implementar una transparencia realmente valiosa en la Administración pública. Cuanta más transparencia:
La transparencia se regula a través de lo que conocemos como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Su objetivo radica en extender y fortalecer la claridad en las operaciones del ámbito público, establecer pautas para asegurar el acceso a información relacionada con dichas operaciones y definir los compromisos de conducta adecuada que deben ser observados por quienes ocupan cargos de responsabilidad en el sector público.
Esta ley es válida para todas las entidades gubernamentales, así como para el sector público estatal en su totalidad. También abarca a otras organizaciones como:
La legislación define los deberes de divulgación que comprometen a las entidades gubernamentales con el propósito de asegurar la claridad en sus operaciones. Al mismo tiempo, pretende regular el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de carácter público.
La transparencia incluye también dos ideas estrechamente conectadas:
Entendemos por información pública los contenidos o documentos, sin importar su formato o medio, que se encuentren bajo la custodia de una entidad administrativa específica y que han sido creados o adquiridos durante el cumplimiento de sus responsabilidades.
La transparencia se erige como el principal factor para evaluar la solidez democrática de los gobiernos. De esta manera, al facilitar el acceso generalizado a su información, se consigue fomentar un diálogo entre ciudadanos y Estado, se estimula la participación activa y se fomenta la innovación en la contribución efectiva en los asuntos de interés público.
En la actualidad, la población demanda un mayor acceso a la información y tiene el legítimo derecho de estar al tanto no solo de temas de interés público, sino también de la forma en que son administrados. Por lo tanto, la transparencia se convierte en un logro crucial para la sociedad, y solo la Administración pública tiene la responsabilidad y el potencial para cumplir con este importante propósito.