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El derecho penal es una rama del derecho público que compete al Estado. Es una herramienta para regular los actos que se consideran delictivos y las sanciones que conllevan. No solo recoge las normas punitivas y delimita las responsabilidades penales que deben asumir quienes incurran en un delito, sino que también protege los activos y garantiza la seguridad ciudadana al delimitar los comportamientos que la sociedad cataloga como inaceptables.
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El proceso penal son todas las actuaciones que se tramitan ante una autoridad judicial para determinar si ciertas acciones u omisiones constituyen un delito según el Código Penal, procediendo a la absolución o condena de los acusados y definiendo las penas o medidas de seguridad correspondientes.
El procedimiento penal intenta conciliar los intereses de la sociedad, ya que persigue y castiga las infracciones cometidas por sus miembros, con el derecho del acusado a defenderse y someterse a un proceso que le brinde todas las garantías para evitar condenas injustas.
En España el proceso penal está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, en la que se distinguen diferentes fases:
Esta etapa de investigación se enfoca en esclarecer los hechos, identificar a los presuntos autores y procesarlos. Se pone en marcha a través de una denuncia o querella interpuesta por un particular o mediante un atestado policial o las diligencias practicadas por el Ministerio Fiscal.
El trabajo queda en manos del Juzgado de Instrucción competente, por lo que el Juez debe actuar apenas sepa de la posible comisión de un hecho delictivo, según su gravedad y la pena correspondiente en el Código Penal.
Durante la instrucción de la causa, el Juzgado determina si los hechos son realmente un delito y a quién corresponde el enjuiciamiento. Si durante la investigación no se puede identificar o localizar al presunto autor del delito o no se determina que los hechos sean constitutivos de delito, la causa se sobresee o archiva, ya sea de manera provisional o definitiva. De lo contrario, el procedimiento penal prosigue su curso.
En esta etapa del proceso penal se determina si es posible iniciar el juicio oral. Se decide si se debe llevar a cabo una nueva investigación o si hay que cambiar el procedimiento para que se ajuste a la materia y la gravedad de la pena. También se analiza si falta algún presupuesto procesal que impida el enjuiciamiento para poder subsanar o archivar las actuaciones.
Considerada la fase central del proceso penal. Se desarrolla ante un órgano de enjuiciamiento que debe ser diferente del juez que llevó la instrucción para garantizar la imparcialidad del procedimiento y asegurarse de que no esté contaminado por la información recopilada durante la investigación. En el juicio oral se despliega la actividad probatoria, la cual sirve como fundamento a la sentencia.
La sentencia es la resolución definitiva con la que se pone fin al proceso penal, dictada por un Juzgado o Tribunal. No obstante, la actividad de los órganos judiciales no se limita a dictar la sentencia, también se extiende a la ejecución de lo resuelto para que sus pronunciamientos sean plenamente eficaces.
En los procedimientos penales que terminen con una sentencia condenatoria, la fase ejecutiva garantiza el cumplimiento de la pena y satisface los pronunciamientos civiles. El procedimiento que se sigue para ejecutar las penas dependerá de la naturaleza de la propia condena.
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