La confianza en las instituciones públicas y en el sistema judicial se sostiene, en gran parte, sobre la actuación justa, imparcial y legal de quienes las representan. Cuando una autoridad abusa de su cargo para tomar decisiones injustas de forma consciente, se produce una grave quiebra del orden jurídico: un delito de prevaricación.
Esta figura penal no solo tiene implicaciones legales, sino también sociales y éticas, y representa una de las conductas más perjudiciales dentro del ámbito de la función pública.
Prevaricación: qué es y qué gravedad implica
El delito de prevaricación se define como la acción u omisión de una autoridad o funcionario público que dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a conciencia de su injusticia o ilegalidad.
Esta figura delictiva está recogida en el Código Penal español, específicamente en los artículos 404 (prevaricación administrativa) y 446 y siguientes (prevaricación judicial).
La prevaricación constituye un quebrantamiento del deber funcionarial que implica la vulneración consciente de los deberes jurídicos por parte de quien debe aplicarlos correctamente. Para que se configure este delito, es fundamental:
- Arbitrariedad en la resolución dictada: la decisión carece de fundamento jurídico razonable
- Conocimiento por parte del autor de la injusticia de su decisión: el funcionario sabe conscientemente que su decisión es injusta o ilegal
- Dolo directo en la comisión del acto: el autor quiere y busca cometer la prevaricación
La gravedad de este delito radica en que traiciona la confianza depositada por la ciudadanía en las instituciones, siendo los funcionarios públicos y autoridades judiciales garantes del correcto funcionamiento del sistema legal.
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Delitos de prevaricación: administrativa y judicial
El delito de prevaricación se configura como un concepto genérico que abarca diferentes modalidades según el ámbito de actuación del sujeto activo. El Código Penal español establece una clara diferenciación entre las distintas tipologías, ubicándolas en capítulos diferentes según el bien jurídico protegido que se vulnera.
Prevaricación administrativa
La prevaricación administrativa, regulada en el artículo 404 del Código Penal, se produce cuando una autoridad o funcionario público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Los elementos constitutivos de la prevaricación administrativa incluyen la existencia de una resolución administrativa, que esta sea arbitraria e injusta, y que el funcionario tenga conocimiento de dicha arbitrariedad.
Según establece el Tribunal Supremo, en sentencia número 771/2015, es necesario que:
- Exista un deber legal específico de dictar resolución, no bastando cualquier inacción administrativa.
- El funcionario se vea "impelido" legalmente a actuar, ya sea por plazos obligatorios, peticiones que requieren respuesta o situaciones que exigen actuación inmediata.
- La omisión sea deliberada y consciente, diferenciándose así de la simple negligencia o dejadez.
Prevaricación judicial
Tipificada en el artículo 446 del Código Penal, constituye uno de los delitos más graves contra la administración de justicia. Para entender completamente qué es prevaricación judicial, es fundamental conocer que este delito se comete cuando un juez o magistrado dicta una resolución o sentencia manifiestamente injusta.
Las características específicas de la prevaricación judicial incluyen que:
- Debe ser cometida por un juez o magistrado en ejercicio de sus funciones.
- La resolución debe ser manifiestamente injusta
- Debe existir conocimiento por parte del autor de dicha injusticia.
Prevaricación: ejemplos prácticos en diferentes ámbitos
Para comprender mejor el significado de prevaricación resulta útil analizar algunos ejemplos concretos de estos comportamientos delictivos:
En el ámbito administrativo:
- Comete delito de prevaricación administrativa el funcionario que concede una subvención a un amigo, a pesar de saber que no cumple con los requisitos legalmente exigidos
- Otorgar licencias urbanísticas sabiendo que no se cumplen los requisitos técnicos
- Adjudicar contratos públicos de forma irregular y arbitraria
- Denegar prestaciones sociales sin causa justificada
En el ámbito judicial:
- Dictar sentencias conscientemente contrarias al derecho aplicable
- Resolver recursos de forma arbitraria y sin fundamentación jurídica
- Adoptar medidas cautelares desproporcionadas o injustificadas
Estos casos ilustran cómo la prevaricación puede manifestarse de múltiples formas, pero siempre con el denominador común de la arbitrariedad consciente por parte del funcionario o autoridad judicial.
Consecuencias y penas del delito de prevaricación
Las consecuencias penales de la prevaricación varían en función de la modalidad y gravedad del caso. La pena por prevaricación puede incluir prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público, y multa, dependiendo de las circunstancias específicas.
En la prevaricación administrativa, las penas oscilan entre la inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años, hasta penas de prisión en casos más graves. La prevaricación judicial, por su especial gravedad, conlleva penas de prisión que pueden llegar hasta cuatro años, además de la inhabilitación correspondiente.
Más allá de las consecuencias penales, la prevaricación genera un impacto social significativo al erosionar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Esta pérdida de credibilidad institucional puede tener efectos duraderos en la percepción social sobre la legitimidad del sistema.
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¿Qué no es prevaricación?
Es importante no confundir errores administrativos o decisiones discutibles con delitos de prevaricación. Para que exista este tipo penal, la resolución debe ser manifiestamente injusta, no simplemente incorrecta o impugnable.
Por ejemplo, un funcionario que otorga una ayuda sin revisar bien los documentos podría estar cometiendo una negligencia o una infracción administrativa, pero no necesariamente prevaricación.
No es prevaricación:
- Actuar dentro de los márgenes legales
- Errores de buena fe o interpretaciones razonables
- Discrecionalidad legítima, aunque sea criticable
La intencionalidad y el conocimiento de que se está actuando contra el derecho es el elemento esencial que distingue este delito de otras faltas. Entender sus implicaciones, reconocer sus formas y saber cómo actuar ante ellas es esencial para todo profesional del derecho, la criminología o el ámbito público.